Anti-korruption vidhåller sin begäran om fängelsestraff: 24 år för Ábalos, 19 och ett halvt för Koldo och 7 för Aldama

<p>Tras celebrarse la última declaración del juicio del caso mascarillas, la <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/fiscalia-anticorrupcion.html" title="Fiscalía Anticorrupción">Fiscalía Anticorrupción</a> ha mantenido su petición de condenas para los tres acusados: 24 años de cárcel para <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/jose-luis-abalos.html" title="José Luis Ábalos">José Luis Ábalos</a>, 19 años y medio para <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/koldo-garcia.html" title="Koldo García">Koldo García</a> y siete años para <a href="https://www.20minutos.es/tags/personas/victor-de-aldama.html" title="Víctor de Aldama">Víctor de Aldama</a>. Las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular han mantenido su petición de 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, pero<b> han solicitado reducir la pena para el presunto conseguidor</b> de siete años a alrededor de cinco años de cárcel al considerar que su colaboración con la justicia merece una atenuante "muy cualificada". </p><p>La defensa del comisionista, a cargo de José Antonio Choclán, solicitó que se apreciase esta atenuante antes del juicio y ha reiterado este lunes su petición. Las defensas de Ábalos y Koldo García han mantenido su petición de absolución. La duda de si la Fiscalía Anticorrupción iba a pedir la atenuante muy cualificada para Aldama ha sobrevolado el juicio en las últimas semanas. Varios medios de comunicación han informado de que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tenía intención de hacerlo, pero la fiscal general Teresa Peramato lo ha impedido. </p><p>Este lunes por la tarde, fuentes de Anticorrupción <b>han rechazado que la decisión de mantener la solicitud de condena obedezca a "ninguna orden" de Peramato</b>, pero señalan que la decisión de la Fiscalía es "unitaria" y Luzón la "asume", aseguran esas fuentes. </p><p>La rebaja que solicitan las acusaciones populares, que no cuenta con el apoyo de Anticorrupción, podría suponer la suspensión de la pena efectiva de cárcel para Víctor de Aldama. Esto es así en tanto que<b> las acusaciones no solicitan condenas de más de dos años de prisión por ninguno de los delitos</b> que atribuyen al comisionista del caso mascarillas. En todo caso, es algo que deberá decidir el tribunal. </p><p>Una vez terminada la prueba testifical y las declaraciones de los acusados, el juicio continuará este miércoles, cuando las distintas partes expondrán sus informes de conclusiones ante la Sala Segunda. Según han indicado los magistrados del tribunal que dirige Andrés Martínez Arrieta, cada parte contará con <b>una hora y media para exponer estas conclusiones</b> y argumentar el motivo de sus distintas peticiones de condena o absolución. </p><p>No obstante, parte de esas conclusiones se contenían en los escritos que presentaron las distintas partes tras el procesamiento de Ábalos, Koldo García y Aldama. En su escrito de calificación, cuyas conclusiones no se han modificado en lo sustancial, el fiscal Alejandro Luzón pedía condenar a Ábalos a "<b><b>24 años de prisión</b></b>, 46 años de inhabilitación, y al pago de multas por valor de 3.755.051 euros por su implicación en la trama". Anticorrupción considera que el exministro habría cometido delitos de organización criminal, cohecho continuado, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y uno de malversación.</p><p><b><b>Para Koldo García, Anticorrupción pide 19 años y seis meses de prisión</b></b>, 45 años de inhabilitación y multas por valor de 3.789.981 euros. Al exasesor de Ábalos, la Fiscalía le acusa de cometer un delito de organización criminal, otro de uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y uno de malversación.</p><p>Finalmente, para el comisionista <b><b>Víctor de Aldama el fiscal pide siete años de prisión</b></b> y multas por valor de 3.719.981 euros. También solicita que se le imponga la inhabilitación para el empleo o cargo público durante 13 años y la prohibición de acceder a subvenciones públicas y a beneficios fiscales durante un año. Luzón le acusa de cometer un delito de organización criminal, otro de cohecho continuado y otro de aprovechamiento de información privilegiada.</p>