"Datorproblem", "inte tillräckligt med personal" och köer till sårbarhetscertifikatet i början av regulariseringen

<p>Los primeros días de la regularización han sido intensos. Para las oficinas que gestionan la documentación, para las entidades sociales que ayudan en todo el proceso, y también para los propios <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/inmigrantes.html" title="Inmigrantes">inmigrantes</a> 'sin papeles' que esperan poder arreglar su situación cuanto antes. En las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes han reportado <b>problemas informáticos y falta de planificación de las citas, que se agrava por el poco personal que dicen tener para asumir la avalancha de peticiones</b> en esta primera semana desde que entró en vigor la medida. Las organizaciones, por su parte, se las apañan para gestionar los certificados de vulnerabilidad que deben expedir tras acreditar, persona por persona, cada situación personal, laboral y familiar. Aunque confían en que el escenario actual responda a los "primeros días", marcados por los nervios y las expectativas, y esperan que la situación se vaya estabilizando conforme pase el tiempo. </p><p>Hace poco más de <a href="https://www.20minutos.es/nacional/esperanza-muchas-llamadas-largas-colas-primer-dia-regularizacion-hay-gente-que-lleva-esperando-mucho-tiempo_6959210_0.html" title="Esperanza, muchas llamadas y largas colas en el primer día de la regularización: &quot;Hay gente que lleva esperando mucho tiempo&quot;">una semana que arrancó la regularización extraordinaria del Gobierno</a>, y apenas unos días desde que se abrieron las ventanillas para presentar las solicitudes de forma presencial. Desde entonces, ayuntamientos, padrones, oficinas de Extranjería, de Seguridad Social, de Correos —y, en definitiva, cualquier servicio involucrado en este proceso— han amanecido cada día con largas colas frente a sus puertas. Una situación que, en ocasiones, colapsa los sistemas. Así lo denunció el pasado miércoles el sindicato CSIF, que alertó de <b>la "falta de músculo de la Administración" </b>para hacer frente a una medida de la que se espera que se beneficien más de medio millón de inmigrantes irregulares en España. <b>Hasta el viernes, se habían presentado más de 130.000 peticiones,</b> sumando la vía presencial y telemática, y se habían asignado otras 55.000 citas previas hasta el 30 de abril. </p><p>"Acuden<b> varios miembros de una unidad familiar a la vez aunque solo tengan cita para una persona</b>, esto provoca retrasos y la administración ha dado orden de que se atienda a todo el mundo aunque se superen los 20 minutos previstos por cita", contó el sindicato. Esto está provocando incluso que algunas oficinas de la Seguridad Social y Extranjería<b> bajen sus persianas dos horas más tarde</b> de lo previsto, y que los propios trabajadores tengan incluso que formarse al momento cuando surgen dudas sobre documentación y trámites, pues aseguran que "las instrucciones recibidas son confusas".</p><p>También reportaron "problemas informáticos" que afectaban a la plataforma Mercurio, el portal habilitado por el Ejecutivo para hacer todas las gestiones relacionadas con Extranjería. Según el sindicato,<b> esta plataforma no deja subir documentos de más de 15Mb </b>y han llegado incluso a detectar<b> "apagones totales del sistema" </b>en algunos casos, que han obligado incluso a cerrar alguna oficina de Correos. No obstante, desde el ministerio aseguran a este periódico que "el procedimiento se está desarrollando con normalidad y está cumpliendo todas las previsiones", y señalan que todas las citas se han asignado "sin registrar incidentes".</p><p>No piensan lo mismo<b> algunos ayuntamientos gobernados por el PP, que han acusado al Ejecutivo de falta de planificación y recursos, </b>mientras el ministerio ha acusado a algunas administraciones locales como la madrileña de boicotear el proceso y no reforzar suficientemente la atención.</p><h2>Colas por el certificado de vulnerabilidad</h2><p>El proceso también está siendo todo un reto para las <b>más de 300 entidades sociales </b>acreditadas por el Gobierno como "colaboradoras". Más allá de su labor como intermediarias y asesorando a los inmigrantes, las entidades juegan un papel fundamental para aquellos extranjeros que —por no ser solicitantes de Protección Internacional y no poder atenerse a un arraigo familiar o laboral— <b>necesitan un certificado de vulnerabilidad. </b></p><p>Un documento que debe ir sellado, bien por los servicios sociales, bien por una de estas organizaciones, después de valorar circunstancias relacionadas con el <b><b>aislamiento social o la falta de una red de apoyo</b></b>, estar en situación de sinhogarismo, carecer de ingresos suficientes, tener menores o personas dependientes a cargo o estar expuesto a situaciones de explotación o abuso, entre otras.</p><p><b>"Nosotros nos estamos organizando primero con las personas que ya son usuarias de nuestra ONG </b>por una cuestión de agilidad y de pragmatismo. Porque al final ya conocemos toda su historia, su contexto laboral y familiar, su situación personal y casi todo lo que pueda acreditar la vulnerabilidad", cuenta a <b><i>20minutos </i></b>un portavoz de Accem. </p><h2>"Las tres primeras semanas son las más complejas"</h2><p>El miembro de la organización atribuye este aumento de trabajo a que son todavía los primeros días de la regularización, cuyo plazo se extenderá hasta el 30 de junio.<b> "Estamos viendo todas las colas cada día, pero las enmarcamos en un contexto de absoluta normalidad,</b> porque al final estamos hablando de personas que se juegan mucho en este proceso y que quieren cerrar este capítulo de irregularidad cuanto antes", subraya. Para muchas personas, este procedimiento supone la posibilidad de salir de una situación de irregularidad que, explica, tiene consecuencias directas en su vida diaria: "Es lo que hace que te cojan para un trabajo y no te paguen, que no tengas dónde reclamar o que puedan abusar de ti. También limita el acceso a determinados servicios". </p><p>Este mismo miércoles,<b> la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, anunció que su departamento iba a remitir los criterios de interpretación </b>sobre los certificados de vulnerabilidad, ante las dudas que están suscitando estos documentos. "Aclararemos si los certificados de vulnerabilidad son certificados o si son informes; quién los emite, si es el secretario o la secretaria de Ayuntamiento, si lo puede hacer un funcionario público, quién los necesita. <b>Hay colectivos y personas que no lo necesitan, que no tienen por qué estar haciendo esas colas"</b>, explicó Cancela tras reconocer que es una de las cuestiones "más controvertidas" o que "más expectación están generando". </p><p>También ella reconoció que "las tres primeras semanas son las más complejas", porque las personas no saben muy bien cuáles son los trámites que hay que hacer, y contó en ese sentido que más del 80% de las personas que piden el certificado de vulnerabilidad en realidad no lo necesitan para solicitar su regularización. </p><p>Otro de los asuntos que genera cierta ansiedad entre los inmigrantes es la obligación de demostrar que no tienen<b> antecedentes penales, </b>pues hay muchos que proceden de países con los cuales va a ser más complicado conseguir ese documento debido a su situación geopolítica. El Gobierno reconoció que es algo que genera muchas dudas, pero recordó que para estos casos se prevé un plazo más amplio y que, en cualquier caso, los ministerios<b> iban a trabajar intensamente para asegurarse de que nadie se quede fuera de la regularización por no haber podido obtener </b>dicho informe. </p><p>Todo ello se desarrolla, además, <b>con el telón de fondo del creciente debate político sobre la inmigración y la llamada "prioridad nacional"</b>, impulsada por Vox e incorporada parcialmente en algunos pactos autonómicos con el PP. Mientras el Gobierno defiende la regularización como una medida de integración, acceso al empleo y cohesión social, la oposición endurece su discurso sobre el acceso de los extranjeros a ayudas y servicios públicos, en un contexto en el que la gestión migratoria se ha convertido ya en uno de los principales campos de batalla política.</p>