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<p>La <strong>Generalitat Valenciana</strong> ultima una reclamación millonaria a <strong>Ribera Salud y Sanitas </strong>por un ajuste en las liquidaciones de las <a href="https://www.elconfidencial.com/empresas/2025-12-05/vivalto-venta-ribera-salid-torrejon_4259801/" target="_self">concesiones hospitalarias</a> de las dos compañías correspondientes a los ejercicios marcados por la pandemia de coronavirus, del 2020 al 2022. La <strong>Conselleria de Sanidad</strong> que dirige el <strong>popular Marciano Gómez</strong> ha comunicado a los responsables legales de las <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2018-11-08/centene-compra-hospital-torrejon-sanitas-ribera-salud_1642451/" target="_self">firmas sanitarias </a>la inminente notificación de una compensación a favor de la Administración valenciana de entre 50 y 60 millones de euros en virtud de la aplicación de un dictamen del <strong>Consell Jurídico Consulltiu (CJC)</strong>, el equivalente autonómico del Consejo de Estado.</p><p>Tal como avanzó El Confidencial, el CJC <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2026-01-12/consell-juridic-concesiones-sanitarias-generalitat_4282181/" target="_self">resolvió en enero de este año matizar su propio criterio </a>establecido en 2012 para fijar la base de cálculo de la <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2026-01-13/sanitas-100-millones-dividendo-manises-concesion_4282431/" target="_self">prima que reciben las concesionarias de hospitales</a> de la Conselleria de Sanidad para financiar sus actividades asistenciales. El órgano consultivo concluyó que no podían tomarse como referencia para fijar los compromisos de gasto de ejercicios futuros los años afectados por el enorme estrés asistencial (de coste) que generó la pandemia del coronavirus, una situación extraordinaria.</p><p>Con ese dictamen en la mano, Sanidad ha procedido a actualizar liquidaciones ya ejecutadas y cobradas de los años 2021 y 2022, que le permitieron ingresar 323,3 millones de euros. A través de las comisiones mixtas con los concesionarios, Sanidad ha trasladado a Ribera y Sanitas que en breve procederá a notificar el recálculo, según ha podido saber este diario de fuentes cercanas a la Administración valenciana. Ribera será la que tendrá que hacer el mayor desembolso, alrededor de 40 millones. La compensación se pretende aplicar coincidiendo con la ejecución de la liquidación de 2023, con un procedimiento paralelo y complementario que cuenta con el aval de la <strong>Abogacía de la Generalitat.</strong></p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2026-01-12/consell-juridic-concesiones-sanitarias-generalitat_4282181/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/264/bb9/264bb9cc440108e4535886d2a35df297/el-consell-juridic-valenciano-abre-la-via-a-la-reclamacion-millonaria-de-la-generalitat-a-los-gestores-sanitarios.jpg?mtime=1768216367" width="483" height="271"><h3 class="title-related">El Consell Jurídic valenciano abre la vía a la reclamación millonaria de la Generalitat a los gestores sanitarios</h3>Víctor Romero. Valencia<div class="text-related">El órgano consultivo reinterpreta la cláusula de actualización de contratos de los concesionarios de hospitales y pone en duda las liquidaciones que tomaron como base el gasto extraordinario del covid</div></a></p><p>Los concesionarios, no obstante, han acudido a las reuniones con sus equipos de abogados, tanto internos como externos, un síntoma de que la discrepancia económica podría terminar por resolverse en los tribunales. Sanidad ya libra con Sanitas y Ribera, grupo valenciano propiedad de la francesa Vilvalto Santé, una batalla judicial por 45 millones de euros que reclamó a ambas empresas (y que ya ha cobrado) por la derivación de pacientes oncológicos de sus áreas de salud al Instituto Valenciano de Oncología (IVO), que este centro privado había facturado a su vez a la Conselleria. Lo hizo tras una investigación del <strong>Tribunal de Cuentas </strong>sobre la posible duplicidad de desembolsos de dinero público en la atención de esos pacientes.</p><p>Tanto Ribera Salud como Sanitas han gestionado áreas de salud y hospitales de titularidad pública en un modelo que la Generalitat de Eduardo Zaplana ensayó por primera vez en 1999 en Alzira y que después extendió a otras infraestructuras comarcales. El sistema se basaba en la concesión administrativa a operadores sanitarios privados de la asistencia sanitaria en determinadas zonas. El adjudicatario construía e invertía en la instalación hospitalaria y centros de salud y recibía a cambio de Sanidad una cantidad anual en función de la población de la zona influencia, la conocida como cápita. </p><p>En su momento pico, Ribera llegó a controlar las áreas de <strong>Alzira, Torrevieja y Denia (las tres ahora ya en gestión directa) y de Crevillente-Elche</strong>, el conocido como <strong>Hospital del Vinalopó.</strong> Sanitas, por su parte, gestionaba el <strong>Hospital de Manises,</strong> en el área metropolitana de Valencia, hasta que el contrato venció en 2024 y la Conselleria decidió no prorrogar la concesión. Ribera también conserva solo el área del Vinalopó.</p><p>Los acuerdos concesionales conllevan una serie de liquidaciones anuales entre las partes, con el fin de compensar derivaciones de pacientes o gastos e ingresos ajenos al contrato de concesión. Tras el cambio político de 2023, el Consell popular heredó del Botànic 23 liquidaciones pendientes de Ribera correspondientes a los hospitales que gestionaba o había gestionado y otras doce de Sanitas, por el área de <strong>Manises</strong>. En 2024, el <strong>Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana</strong> dictó una resolución que instaba a la Administración a ejecutar esas liquidaciones antes del 31 de mayo de 2025, tras diversas advertencias de la Sindicatura de Cuentas sobre el perjuicio que la ausencia de ajuste contable podía conllevar para las arcas públicas.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/empresas/2025-12-06/ribera-activo-murcia-extremadura-balance-vivalto_4261477/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/ee6/f90/ee6f9021c543fc253144907b9892159e/ribera-salud-planea-vender-activos-en-murcia-y-extremadura-para-mejorar-el-balance-de-vivalto.jpg?mtime=1764950971" width="483" height="271"><h3 class="title-related">Ribera Salud planea vender activos en Murcia y Extremadura para mejorar el balance de Vivalto</h3>Víctor Romero. Valencia<div class="text-related">La concesionaria de hospitales pone en la rampa de salida el centro hospitalario que gestiona para la Junta en Almendralejo y otro en Badajoz, además de parte de la red de clínicas murcianas</div></a></p><p>Ante la urgencia marcada por el fallo judicial, la Conselleria de Sanidad aprobó entre febrero y mayo de 2025 un total de 35 liquidaciones pendientes, algunas de ellas con más de una década de retraso, incluyendo las correspondientes a los ejercicios 2011 a 2022 de las cinco concesiones sanitarias. En virtud de esas liquidaciones, obtuvo un saldo a su favor de 323,3 millones de euros. El acto administrativo recibió la conformidad de la Intervención autonómica, pero con una salvedad sobre el posible "enriquecimiento injusto" de las compañías gestoras como consecuencia del efecto acumulativo que podía suponer tomar como base de cálculo el gasto de los ejercicios afectados por la pandemia de coronavirus, que distorsionaron el coste de las prestaciones asistenciales por las mayores necesidades del sistema de salud.</p>El "efecto arrastre"<p>La cláusula 19 de los contratos concesionales establece que la prima de cada ejercicio se calcula tomando como base la prima definitiva del año anterior, ajustada al incremento capitativo consolidado de la Generalitat, con límites máximo (gasto sanitario estatal) y mínimo (IPC). Este sistema funciona en escenarios ordinarios, pero encadena anualidades: lo que ocurre en un ejercicio se convierte en la base del siguiente. Y ahí surge el problema. Durante los <strong>años 2020, 2021 y 2022</strong>, el gasto sanitario real se disparó por la emergencia del covid, incorporando partidas extraordinarias, no estructurales y no recurrentes. Al consolidarse ese gasto real en la prima definitiva, y utilizarse después como base para ejercicios posteriores, lo excepcional se convertía en estructural. El resultado es una prima per cápita "inflada" que no se corrige automáticamente cuando el sistema sanitario vuelve a niveles de gasto ordinarios, advertía la Intervención y confirmó el CJC.</p><p>Como consecuencia de esa advertencia de la Intervención, el <strong>conseller Marciano Gómez elevó la consulta al Consell Jurídic</strong> para que aclarase la posición jurídica de cálculo teniendo en cuenta el factor distorsionador del covid. El corazón del dictamen del CJC está en el análisis del llamado "efecto arrastre" que provocaba en los compromisos de gasto futuro calcular los costes sobre la base de los años covid. Esto es lo que ahora ha corregido Sanidad. La semana pasada informó a Sanitas y Ribera de que ultima un informe económico con el recálculo de las liquidaciones para proceder a su compensación, con la previsión de un saldo a su favor de entre 50 y 60 millones de euros. Una factura que prevé girar en breve. </p><img src="https://sb.scorecardresearch.com/b?c1=2&c2=7215267&ns__t=1781668723&ns_c=UTF-8&c8=Espa%C3%B1a&c7=https%3A%2F%2Frss.elconfidencial.com%2Fespana%2F&c9=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2F" width="1" height="1">