Interior ber fängelserna att informera utländska fångar om legalisering och förse dem med "dokumentation"

<p>La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha enviado una comunicación a las cárceles relativa a la aprobación la semana pasada del decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes. En ella, se insta a los centros a informar de ello a la población reclusa extranjera y a facilitarles "toda la documentación" que le sea necesaria a los internos que deseen hacer la solicitud. Todo ello pese a que <b>la norma impide expresamente la regularización a los inmigrantes con antecedentes penales</b>.</p><p>El texto, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso <i><b>20minutos</b></i>, explica en su primer párrafo que el proceso de regularización "prevé un estudio y valoración que no forma parte de las competencias" de la administración penitenciaria, si bien esta envía la comunicación a las prisiones para hacer una "serie de indicaciones al respecto, al objeto de <b>garantizar una adecuada información a la población interna extranjera</b> y, en su caso, facilitar copia de la documentación que pudiera constar a la administración".</p><p>Así, pide que la Dirección de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social arbitre las "medidas necesarias" para "informar a la población interna extranjera de la existencia" del decreto aprobado la semana pasada mediante la <b>difusión del mismo en tablones de anuncios, bibliotecas o escuelas</b> de los centros, así como proveer el "apoyo lingüístico pertinente".</p><p>"Toda la documentación que requiera la persona solicitante será <b>facilitada a la mayor brevedad</b>. De no constar todo o parte, se le comunicará tal circunstancia, igualmente, con la mayor prontitud. De ambos extremos se dejará registro por escrito y se anotará en su expediente personal", añade la comunicación.</p><p>De todo ello, explica que, a "efectos estadísticos", se hará un <b>registro del número de personas que cursen solicitudes</b>, así como las "resoluciones dictadas por la autoridad competente".</p><p>Tras conocer la comunicación interna de Instituciones Penitenciarias, el PP lo ha criticado duramente, pues ven "gravísimo" el movimiento y consideran que el Gobierno <b>debe explicarlo "inmediatamente"</b>. </p><p>"El decreto de regularización exige carecer de antecedentes penales. Eso significa que <b>los únicos presos que podrían acogerse son los preventivos</b>. Un preso preventivo es aquel al que un juez ha enviado a la cárcel por riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Es decir, alguien sobre quien pesa una sospecha de delito grave", subraya la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.</p><p>La dirigente popular también recuerda que "el decreto dice expresamente que los antecedentes policiales, aunque no excluyen la regularización, sí servirán a la Administración para valorar expresamente el riesgo para el orden público" y, en su opinión, <b>"no es descabellado pensar que alguien que está en prisión preventiva lo es"</b>.</p><p>"¿Y si luego hay sentencia condenatoria? Pues con la residencia legal ya en la mano, expulsarles será mucho más difícil, porque tanto la expulsión por vía administrativa (art. 57.2 LOEx) como la judicial (art. 89 CP) exigen valorar el arraigo. Y el arraigo, en este país, lo construye la residencia legal", argumenta Ezcurra. Por tanto, ha advertido de que "<b>regularizar presos es blindar el arraigo que mañana bloqueará su expulsión</b>, justo lo contrario de lo que debe pasar". "En España, el que delinque, fuera", ha sentenciado.</p>