"Improvisation" och "förvirring" på posten under de två första veckorna av legalisering: 31 000 ansökningar behandlade

<p>"Lío", "confusión" e "improvisación". Así describen los trabajadores de <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/correos.html" title="Correos">Correos</a> las dos primeras semanas de la regularización extraordinaria de inmigrantes. Las oficinas de la empresa pública de servicio postal son una de las principales ventanillas administrativas habilitadas por el Gobierno para tramitar las solicitudes de inmigrantes 'sin papeles' que confían en poner en regla su situación administrativa, pero desde el principio sus empleados han denunciado f<b>alta de recursos y poca información</b> sobre un proceso del que se espera que se beneficien más de medio millón de extranjeros. </p><p>Los trabajadores comenzaron a gestionar las primeras citas en torno a las ocho de la mañana del pasado 20 de abril en las 350 oficinas habilitadas en ese turno en todo el país. "Iniciaron el proceso con instrucciones erróneas y no subsanadas de forma clara", denuncian a <i>20minutos</i> fuentes sindicales, que calculan que Correos recibe <b>unas 3.500 solicitudes al día </b>y que, desde que empezaron, habrían tramitado ya entre 31.000 y 32.000 peticiones de regularización. Una avalancha de expedientes que, según cuentan, gestionan recibiendo de la empresa directrices distintas cada día y actuando "sobre la marcha". </p><p>Las comunicaciones que han ido mandando desde la dirección de la empresa pública a sus trabajadores constatan esa improvisación que denuncian en las oficinas, desde incluso antes de aprobarse el decreto en <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/consejo-de-ministros.html" title="Consejo de Ministros">Consejo de Ministros</a>, con fallos que luego han tenido que ir corrigiendo. El primer documento que se mandó el 15 de abril a la plantilla fue un manual operativo integral del proceso, en el que había varios fallos: uno, relativo a los pasaportes caducados, ya que limitaba la admisión de la solicitud de los pasaportes en vigor; y otro relacionado con los <b>antecedentes penales </b>que, a pesar de ser un requisito indispensable para ser beneficiario de la regularización, <b>no se contemplaba como documentación requerida </b>en el caso de "haber trabajado durante su permanencia en España o presentar un contrato de trabajo". </p><h2>Una "brecha" en la admisión de solicitudes</h2><p>La empresa, cuando se dio cuenta, intentó corregirlo mandando otro documento con nuevas directrices que, sin embargo, era muy anterior a la regularización (databa de 2018), con lo cual la plantilla terminó por seguir usando el primero. "Las oficinas se enfrentaban a <b>un día de arranque caótico, con un proceso con demasiadas variantes para el que no estaban preparadas, </b>y más cuando modificaciones tan sustanciales como la petición de antecedentes penales o la aceptación de pasaportes caducados van, no en una comunicación indicando las diferencias respecto a las instrucciones del 14 de abril, sino enmarañadas en tres documentos diferentes", denuncian las fuentes sindicales. </p><p>No fue hasta <b>una semana después cuando se mandó otro escrito corrigiendo definitivamente los errores </b>y precisando que también se tiene que exigir los antecedentes penales a los solicitantes que hayan trabajado en España. También en esa comunicación se enmendó la parte de los pasaportes caducados, que sí que pueden ser admitidos como válidos para tramitar una petición de regularización. </p><p>En cualquier caso, según denuncian los trabajadores, hubo varios días en los que se trabajó con<b> "una brecha en la admisión de solicitudes"</b>, donde los empleados de Correos, no tenían órdenes claras y concretas sobre el certificado de penales. Fuentes sindicales y los propios trabajadores aseguran que <b>se pudieron admitir solicitudes sin certificados de antecedentes penales</b>. También<b> se rechazaron solicitudes que se presentaron con el pasaporte caducado,</b> pese a que realmente la norma permite tramitarlas a pesar de que haya vencido la validez de los documentos oficiales. "Solo con que se hubieran admitido dos por oficina, estaríamos ante cientos de casos, previsiblemente", señalan. </p><h2>El consentimiento de datos: la otra laguna</h2><p>El consentimiento y cesión de datos es, según cuentan las mismas fuentes, "uno de los principales agujeros en la gestión y organización de regularización de personas migrantes por parte de la Dirección de Correos". La laguna fue parecida a la que se dio con el tema de los penales y la caducidad de los pasaportes. En este caso, <b>los trabajadores estuvieron una semana sin pedir el consentimiento expreso de los inmigrantes</b> para tratar con su información, a pesar de la . Aunque al darse cuenta se dio la orden de hacerles firmar ese consentimiento antes de proseguir con la solicitud, en las oficinas denuncian que el 27 de abril todavía no disponían de los impresos necesarios y que estaban "gestionando datos personales sin dar las instrucciones correctas, y sin recoger dos documentos importantes".</p><p>"El caos es evidente, <b>la dirección de Correos ha sido negligente respecto al tratamiento de los datos de los solicitantes,</b> ya que hasta el día 28 de abril de 2026 no se dispuso de los documentos legales imprescindibles para tratar datos personales de los solicitantes. Hasta esta fecha los trabajadores no habían firmado el compromiso de confidencialidad, y los solicitantes no firmaban el consentimiento", cuentan. </p><h2>Un proceso que arranca con varias críticas</h2><p>El Gobierno defiende la regularización extraordinaria como una medida necesaria para dar solución a la situación de cientos de miles de inmigrantes que ya viven y trabajan en España, asegurando que el proceso está funcionando dentro de lo previsto y que los ajustes se irán haciendo sobre la marcha. Sin embargo, ha sido criticado por la<b> falta de planificación inicial, la escasa coordinación con administraciones locales y la ausencia de recursos adicionales </b>suficientes, lo que ha contribuido a los cuellos de botella y al colapso en puntos clave como Correos.</p><p>Mientras tanto, el proceso continuará. Las entidades y el Ejecutivo confían en que este sea un caos propio de las primeras semanas, y que conforme pasen los días se irá estabilizando, <b>hasta que cierre el plazo de presentar las solicitudes el próximo 30 de junio</b>. El real decreto está dirigido<b> a </b>todas las personas extranjeras que se encontrasen en España <b>antes del 1 de enero de 2026 </b>y que puedan acreditar haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España. La ley establece como único requisito que los solicitantes <b>no tengan antecedentes penales</b> ni supongan una amenaza para el orden público.</p>